Cientos de hondureños se movilizaron este domingo en Tegucigalpa para pedir la permanencia de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), cerrada el pasado viernes 17 de enero, por el gobierno al caducar el convenio que le daba vida desde el 2016.

La movilización se realizó por el bulevar Morazán, hasta las instalaciones de la MACCIH, encabezada por los empresarios Pedro Barquero y José María Betancourt, así como por la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, Fátima Mena, Hugo Noé Pino y otros dirigentes de sociedad civil, exigiendo al Gobierno y a la OEA, hagan un intercambio de notas y reviertan la decisión que la Misión termine en el país.

La MACCIH surgió del descontento popular, expresado masivamente en las calles, durante el año 2015, por la corrupción prevaleciente en Honduras, en particular la quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por un monto superior a los 300 millones de dólares.

El convenio que le da origen, fue suscrito el 19 de enero de 2016, por el gobierno hondureño con la OEA, fue sujeto de críticas por parte del movimiento ciudadano que protestaba y consideraba que no tendría suficientes “colmillos” para afrontar la corrupción e impunidad en el país, y por los sectores de poder, que lo consideraron como una violación a la soberanía nacional. El papel de la cooperación internacional fue determinante para la firma.

La MACCIH se instaló en Honduras en abril de 2016, para trabajar durante cuatro años, sometida a una prueba de confianza por parte de la ciudadanía y con un limitado apoyo del gobierno.

La labor de la MACCIH fue pertinente con los objetivos que le trazó el convenio para su creación. Dos de estos objetivos se refieren a apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, por lo que propuso al gobierno reformas al sistema de justicia hondureño, entre ellos, la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, creada en 2013 para clasificar como reservada la información financiera y administrativa, bajo argumentos de seguridad nacional, y la Ley de Colaboración Eficaz, ambas presentadas y engavetadas en el Congreso Nacional.

Cada año los medios de comunicación denuncian centenares de casos de corrupción, la fiscalía investiga decenas y los tribunales de justicia castigan a pocos. Es decir, que el número de casos de corrupción crece y se vuelve público, pero su cifra no es proporcional con la de funcionarios o exfuncionarios que son castigados.

Ante este flagelo, la Misión creó un modelo particular de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la UFECIC y la Jurisdicción Nacional Anticorrupción, desde donde se judicializaron trece casos de corrupción de alto impacto para los intereses nacionales:

1.-El caso “Caja Chica de la Dama”, (Monto estimado16,000,000.00 de lempiras) Fue seleccionado por el Equipo UFECIC/MACCIH en noviembre de 2017. Este fue el primero del modelo anticorrupción implementado de forma conjunta entre las dos instituciones. El trabajo se realizó durante cuatro meses por los Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal y conllevaron a la detención de la ex primera dama de la República de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo (MACCIH-OEA, 2018).

2) El caso “Red de diputados”, (Monto estimado 8.300.000.00 de lempiras), Este caso representó un hito en la judicialización de los casos de corrupción en Honduras, tanto por el nivel de funcionarios involucrados como por la extensión de la red criminal (MACCIH-OEA, 2018).

En este sentido, el 11 de diciembre de 2017, la cooperación UFECIC/MACCIH presentó formalmente la acusación y solicitó la privación preventiva de libertad y suspensión del cargo de los imputados, específicamente contra los diputados al Congreso Nacional durante ese período Augusto Domingo Cruz Asencio (Partido VAMOS), Héctor Enrique Padilla Hernández (Partido LIBRE), Audelia Rodríguez (Partido VAMOS), Dennys Antonio Sánchez Fernández (Partido LIBRE) y Eleazar Alexander Juárez Saravia (Partido LIBRE). (MACCIH, 2018)

3) El caso “Pacto de Impunidad” y la ampliación del caso “Pacto de Impunidad”, (El costo es básicamente social y a la democracia hondureña), Este caso es el tercero que se ejecutó de forma conjunta entre el binomio UFECIC/MACCIH. Surgió como consecuencia de las modificaciones normativas a la Ley Orgánica de Presupuesto, emitidas en el Congreso Nacional presuntamente para obstaculizar el caso denominado “Red de Diputados” (MACCIH-OEA, 2018).

El acto delictivo consistió en que algunos aspectos críticos del decreto fueron alterados de manera irregular por una comisión del Congreso Nacional en enero del 2018, ya que no fueron discutidos o aprobados en el pleno del Legislativo. (MACCIH-OEA, 2018). Este hecho condujo a que la UFECIC/MACCIH investigara las discrepancias entre el Decreto No. 141-2017 para reformar la Ley Orgánica de Presupuesto y la versión oficialmente impresa el día siguiente.

4) El “Caso Pandora”, (Monto estimado 282,016,175 de lempiras), Este es el cuarto caso investigado por el Equipo Integrado, al que también se sumó la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP-MP). La importancia del caso se debe a la multiplicidad de diputados, funcionarios públicos, instituciones políticas y personas naturales involucradas en una amplia red de corrupción. De igual forma, el caso es relevante por las grandes sumas de dinero extraído de los recursos del Estado para el beneficio personal de los implicados y para el financiamiento de campañas políticas.

El equipo integrado UFECIC-MP/FETCCOP-MP/MACCIH-OEA presentó en junio de 2018, ante la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento fiscal contra 28 imputados por los presuntos delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Malversación de Fondos, Lavado de Activos, Falsificación y Uso de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública, Fe Pública y la Economía del Estado de Honduras (MACCIH-OAS, 2018).

Se ha destacado que los fondos públicos fueron utilizados para financiar las campañas políticas del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (FAPER) y del Partido Liberal, al igual que otros gastos personales por un monto de 282, 016,175 de lempiras o su equivalente a casi 12 millones de dólares. 

5) El caso “Extinción de dominio de bienes del Caso Pandora”, Este caso se encuentra estrechamente relacionado con el Caso “Pandora”. Ha supuesto la incorporación del equipo integrado por UFECIC/MACCIH a las actividades de Privación de Dominio de Bienes. De acuerdo con la MACCIH-OEA, la importancia del caso consiste en que éste se constituyó en el primero de éste tipo ejecutado por la UFECIC.

En síntesis, el caso consistió en la solicitud del equipo UFECIC/MACCIH al Juez de Letras del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, el aseguramiento de bienes de origen ilícito y por valor equivalente de los recursos estatales extraídos a través de las Organizaciones No Gubernamentales fundaciones “Dibattista” y “Todos Somos Honduras”. Cabe señalar que los recursos ingresaron al patrimonio de personas naturales y jurídicas, como también a los partidos políticos: Nacional y Liberal (MACCIH-OEA, 2018).

6) El caso “Caja Chica del Hermano”, (Monto estimado 13,728,000 de lempiras), En noviembre de 2018, se presentó el sexto caso de Investigación Penal: “Caja Chica del hermano”. El caso tuvo como acciones iniciales la presentación de un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, ex Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial y Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de Honduras, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública (MACCIH/OEA, 2018).

7) El caso “Licitación fraudulenta del Seguro Social”, (Monto estimado 6,055,277.21 de lempiras equivalente a 118,912,928.34 de dólares (no se especifica de cuánto fue el desembolso), Éste caso es el séptimo que fue ejecutado por la UFECIC/MACCIH. El 4 de diciembre de 2018, el Equipo Integrado presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado.

El caso se resume en los actos cometidos en el año 2011 por la Ex Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la que, en sesión ordinaria, discutió y aprobó de forma irregular una licitación para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y el regional Noroccidental de San Pedro Sula a la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. DE C.V (DIMESA).

8) El caso “Arca Abierta”, (Monto estimado más de 21,000,000 de lempiras), El 11 de octubre de 2018, el binomio UFECIC/MACCIH presentó el octavo caso de corrupción. En esta ocasión, el requerimiento fue presentado ante la Corte de Suprema Justicia por el presunto delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Asimismo, los entes investigativos identificaron que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño por un total de 21, 000,000 de Lempiras provenientes de tres instituciones: Casa Presidencial, Congreso Nacional y la Secretaria de Finanzas (OEA, MACCIH, 2019)

En este caso, además, se identifica la forma en cómo operaron las redes de corrupción haciendo uso de Organizaciones no Gubernamentales para la sustracción de los fondos estatales. En tal sentido, entre los imputados en el proceso judicial se encuentran varios diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional que, en su momento, solicitaron los fondos a Casa Presidencial mediante el programa de Asistencia Social del Gobierno.

Por consiguiente, se deduce que en el delito también participaron los tomadores de decisiones en Casa Presidencial y la Secretaria de Finanzas, pues fueron quienes aprobaron la transferencia de los fondos a la cuenta de la ONG Asociación Planeta Verde. No obstante, los acusados solamente incluyen a los diputados y diputadas. 

9) El caso “Fraude sobre el Gualcarque”, El noveno caso de investigación penal integrada, ejecutado por la UFECIC/MACCIH, tiene como principal argumento las denuncias de irregularidades realizadas por Berta Cáceres, la lideresa indígena y ambientalista que fue asesinada hace tres años por oponerse a la concesión hidroeléctrica en el rio Gualcarque, también conocida como el Proyecto Agua Zarca.

Por consiguiente, el 4 de marzo de 2019 la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas, por los presuntos delitos de Fraude, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Falsificación de Documentos, en perjuicio del Estado (OEA, MACCIH, 2019).

En síntesis, el caso evidenció los delitos de corrupción que conllevaron a que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) fuera beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el rio Gualcarque con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (OEA, MACCIH, 2019).

10) El caso “Patuca III- Colusión y Corrupción”, (Monto estimado 14,520,194.00 lempiras), El 18 de marzo de 2019 fue presentado el décimo caso de corrupción de forma conjunta entre el binomio UFECIC/MACCIH. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Circuito Anticorrupción contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El caso evidenció la forma en como los acusados defraudaron al Estado mediante el contrato denominado “Contrato para el Equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas en el Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”. En resumidas cuentas, la sustracción de los recursos fue por medio de la manipulación y sobrevaloración hasta por un 149% del valor de mercado de los bienes adquiridos (OAS, 2019).

11) Aseguramiento de bienes en el caso “Caja Chica de la Dama”, (Monto estimado 3,678,380 lempiras), El 20 de marzo de 2019, UFECIC-MACCIH, solicitó ante el Juzgado de Privación de Dominio, medidas cautelares de bienes de origen por valor de algo más de 3,6 millones de lempiras en posesión de los acusados del caso “Caja Chica de la Dama”. Entre ellos se incluye a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. De manera que, con esta acción, el trabajo conjunto entre UFECIC y la MACCIH tiene como objetivo recuperar a favor del Estado de Honduras, los caudales que en su momento fueron sustraídos del Despacho de la Primera Dama (OAS, 2019).

12) El caso “Narcopolítica”, (Monto estimado 68,326,690.55 lempiras), El 24 de mayo de 2019 la UFECIC, con el apoyo técnico de la MACCIH, presentó ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron (OAS, 2019)

En este caso se destaca la acusación por lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo contra Miguel Rodrigo Pastor Mejía (exalcalde, exministro y ex precandidato presidencial por el Partido Nacional), Fabio Porfirio Lobo, Devís Leonel Rivera Maradiaga, Walter Noé Maldonado y Deysi Marina Zúñiga Méndez.

13) El caso «Corrupción Sobre Ruedas «, (Monto estimado 11,000.000.00 de lempiras), El caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas” involucra a siete funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Casa Presidencial.

Entre los imputados figuran: Juan Ramón Maradiaga Franco (gerente administrativo de Banadesa), acusado por abuso de autoridad, 17 delitos de fraude y 39 delitos de uso de documentos públicos falsos; David Eduardo Ortiz Handal (gerente financiero de Banadesa), señalado por fraude, 17 delitos de fraude y 39 delitos de uso de documentos públicos falsos; Elmer Geovany Ordóñez Espinal por 17 delitos de fraude; Carlos Josué Romero Puerto por 17 delitos de fraude; Carol Vanessa Alvarado Izaguirre como cómplice necesaria de 18 delitos de fraude; Claudia Noriega González como cómplice necesaria de 17 delitos de fraude; y Harry Herrera Carballo (gerente administrativo de Casa Presidencial) por abuso de autoridad.

A través de estos casos la MACCIH-UFECIC logró procesar a 111 personas, de las que 79 son funcionarios públicos y 32 particulares. Y se ha identificado un daño en el patrimonio del Estado de 444,624,716 de lempiras (equivalente a unos 17,935 millones de dólares).

Leave a Comment