Acciones u omisiones estatales provocaron mayor conflictividad socioambiental en Centroamérica

 

  • La empresa privada figura como principal actor generador de la mayoría de los conflictos socioambientales en la región.
  • Guatemala y Honduras son los países con más conflictos ambientales registrados entre 1990 y 2020

Captura 17Las empresas privadas fueron el principal actor generador del 75,8% de los conflictos socioambientales en Centroamérica y República Dominicana entre 1990 y 2020. La mayoría de estos conflictos estuvieron ligados a acciones u omisiones por parte de la institucionalidad pública, según el Sexto Informe del Estado de la Región.

El 66,3% de las disputas socioambientales se debieron al otorgamiento de permisos, concesiones para el desarrollo de proyectos, afectación al ambiente ante la ausencia de estudios de impacto ambiental y la falta de consulta a comunidades indígenas, entre otros.

La investigación desarrollada por Karen Chacón Araya, se basó en los conflictos ambientales registrados en la base de datos Atlas de Justicia Ambiental y en los aportes de contrapartes regionales, cuyo análisis también arrojó que el 65,7% de los casos fueron judicializados, principalmente en Costa Rica, Guatemala y Honduras.

“En el período observado notamos una tendencia a la judicialización de los conflictos ambientales, principalmente los derivados de las acciones u omisiones de los Estados como las consultas con comunidades indígenas. Del total de casos vinculados a este tema el 85% se judicializó”, señala la investigadora.

Además, en más de la mitad de los conflictos (54,7%) hubo represión contra los actores o grupos que organizan la movilización social; fundamentalmente, criminalización de activistas, asesinatos y uso de la fuerza policial.

En general, la minería y el uso de la tierra motivaron el 54% de los conflictos socioambientales de la región y afectaron, principalmente, a Guatemala y Honduras, países que también registraron la mayor cantidad de conflictos en el Istmo, con un porcentaje total de 45,3%.

En Nicaragua, Costa Rica y Panamá la conflictividad ambiental estuvo relacionada con actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería, mientras que, en El Salvador, República Dominicana y Belice estuvo mayormente vinculada con combustibles fósiles y justicia climática/energética

El Informe destaca que es necesario mejorar las capacidades de todos los países para el registro y seguimiento de los casos.

“Centroamérica y República Dominicana carecen de información actualizada y sistematizada en cuanto a conflictos ambientales. Esto dificulta precisar la magnitud del impacto que tienen sobre el desarrollo humano de la región”, agregó Chacón Araya.

No obstante, a partir de la información disponible, la investigación determina que las afectaciones sociales más frecuentes en los países observados son la violación de derechos humanos y la pérdida de conocimientos y cultura local. Además, establece que las afectaciones económicas más comunes son la corrupción y la pérdida de tierras, en tanto que las ambientales quedan reflejadas en problemas como variabilidad climática, salud humana y daños a territorios y ecosistemas por mala gestión de recursos naturales.

El Informe concluye que los conflictos ambientales en Centroamérica y República Dominicana reflejan el desbalance entre la sostenibilidad y el uso de recursos naturales, asunto que compromete su disponibilidad futura y termina por complicar la tarea que tienen los Estados de gestionar el territorio y preservar el patrimonio natural.

Te puede
Interesar