Al menos 263 operadores de justicia, incluidos policías, militares, jueces y fiscales del Ministerio Público, han estado en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) entre 2016 y mayo de 2024. 

Durante este periodo, CONADEH también atendió 336 quejas de personas en riesgo de desplazamiento forzado, siendo los operadores de justicia los principales responsables en algunos casos.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, explicó que desde 2016 se identificaron 263 quejas relacionadas con operadores de justicia amenazados por su labor. 

Las quejas han aumentado, con 66 atendidas en 2023, frente a 46 en 2022. En su mayoría, las quejas presentadas son contra estructuras criminales.