Tras más de dos décadas de residencia legal bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), unos 72,000 hondureños en Estados Unidos enfrentan hoy un panorama incierto. La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar este amparo migratorio marca un punto de quiebre para miles de familias que construyeron su vida lejos del país que los vio partir, tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998.
La medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, abre la puerta a posibles deportaciones y a la ruptura de familias establecidas desde hace más de 20 años en territorio estadounidense. Para muchos, regresar no es una opción, sino una condena a la precariedad, la violencia y la falta de oportunidades que aún caracterizan a gran parte de Honduras.
“El fin del TPS coloca a miles en una situación de irregularidad migratoria, sin garantías y con un futuro incierto”, advirtió Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH. Según la experta, este cambio impactará directamente no solo a los migrantes, sino también a la economía hondureña, altamente dependiente de las remesas que estas personas envían.
El rostro humano de la migración
Estados Unidos alberga aproximadamente un millón de hondureños, entre documentados e indocumentados. Muchos de ellos huyeron de la pobreza estructural, la violencia y los desastres naturales que han afectado históricamente a su país. El fin del TPS no solo representa la posibilidad de ser deportados, sino también el riesgo de ser desarraigados de sus hijos, trabajos y comunidades.
Reyes señaló que los afectados deberán buscar vías para regularizar su estatus, como la reunificación familiar o la solicitud de asilo, en caso de ser víctimas de violencia. No obstante, advirtió que el proceso es difícil y, en muchos casos, inalcanzable para quienes carecen de recursos legales o económicos.
Además, las remesas podrían disminuir drásticamente si estas personas pierden sus fuentes de ingreso en EE.UU. En 2024, Honduras recibió más de 7,858 millones de dólares por este concepto, y las proyecciones para 2025 y 2026 superan los 10,000 millones anuales, según el Instituto Nacional de Estadística. En un país donde el 25 % de los hogares depende directamente de ese dinero, el impacto económico y social será enorme.
¿Un país listo para recibirlos?
Aunque EE.UU. sostiene que las condiciones que motivaron la protección ya no existen, muchos expertos discrepan. César Castillo, coordinador del Observatorio de Migración de la UNAH, calificó la justificación de “inválida”, al señalar que Honduras sigue enfrentando una pobreza estructural que afecta a más del 60 % de la población.
“Aunque han disminuido los homicidios, la violencia persiste, al igual que el desplazamiento forzado. Somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y seguimos perdiendo población cada día”, afirmó Castillo.
Desde el gobierno hondureño, el canciller Javier Bu reconoció que la decisión “no fue una sorpresa”, y reiteró que el país mantendrá su relación diplomática con Estados Unidos. “Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas y abogar por una reforma migratoria integral”, señaló.
Entre la esperanza y la incertidumbre
El fin del TPS representa mucho más que un trámite administrativo: es un golpe emocional, económico y humano para decenas de miles de familias que encontraron en Estados Unidos un refugio y una oportunidad de vida.
Honduras, aún marcada por las heridas del pasado, no está lista para recibir un retorno masivo. La migración sigue siendo la válvula de escape para miles de personas atrapadas entre la falta de oportunidades y el miedo a la violencia. Y hoy, más que nunca, se hace urgente que los gobiernos tanto del norte como del sur dejen de mirar hacia otro lado y empiecen a construir soluciones reales para quienes viven en la frontera invisible entre la esperanza y el desarraigo.
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