Fiscal General retoma los casos de corrupción de la misión de la OEA
Fiscal General retoma los casos de corrupción de la misión de la OEA
Categoría

El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, dijo este lunes que la corrupción ha ocasionado un «grave daño» al país y anunció que retomará los casos que investigaba la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la OEA.

«Al pueblo hondureño le informó: he retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) tiene esta responsabilidad», subrayó Zelaya en una cadena de radio y televisión.

El Parlamento hondureño no le prorrogó en enero de 2020 un segundo período, de cuatro años, a la Maccih, la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro.

Corrupción

El fiscal hondureño señaló que la «corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado el presente y el futuro, y ha ocasionado un grave daño a nuestro país, nos ha hundido en una espiral de pobreza, inseguridad y desesperanza».

Asimismo, indicó que el narcotráfico y el crimen organizado, junto con los delitos de lesa humanidad, «trascienden nuestras fronteras, dejando una estela de dolor y sangre».

Zelaya afirmó que «ese dolor que sentimos como nación tiene culpables: los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad, no tienen color, raza, bandera o partido político, sólo buscan enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño».

El fiscal general se comprometió a «ponerle fin a la impunidad», y destacó que los que «orquestaron desfalcos y saqueos, y han vivido ocultos, se equivocaron, porque la justicia los está alcanzando».

Fiscalía persigue crimen y corrupción

La Fiscalía hondureña «no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas, perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad», sostuvo.

Respecto a la acusación contra el exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial Nasry Asfura, el fiscal general indicó que la investigación comenzó en 2019 y revela «la comisión de delitos que están plenamente probados».

Asfura, del opositor Partido Nacional, y siete exfuncionarios municipales son acusados por presunto lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude, y un juez de Tegucigalpa ordenó este lunes la medida de prohibición de salida del país de los imputados y firmar mensualmente un libro de control en el juzgado.

Denuncia 

Según la denuncia, se habría ejecutado un esquema para «drenar fondos públicos y posteriormente proceder al lavado de dinero», en el que se habrían desviado 28,5 millones de lempiras (1,14 millones de dólares) de forma «sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros».

El dinero, según las investigaciones, habría sido desviado entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Asfura, Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, justificados como «fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos».

Sin embargo, la Fiscalía indica que los cheques fueron «depositados en cuentas personales» de los acusados y beneficiaron a «personas naturales y jurídicas» vinculadas al exalcalde capitalino.

La Fiscalía tiene «el deber constitucional y legal de actuar conforme al marco jurídico vigente para exigir la aplicación de Justicia, no detendré los procesos de investigación ni la presentación de requerimientos fiscales y continuaré exigiendo justicia contra quienes estén involucrados en redes de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y el saqueo al erario público independientemente de condición económica o de poder que ostente los responsables», reiteró Zelaya. /Con información de EFE-