Un juez de la Sala de Letras Penal de la Sección Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un auto de formal procesamiento con medida cautelar de arresto domiciliario para los exgenerales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, acusados por la muerte de Isy Obed Murillo Mencías y por lesiones graves en perjuicio de Alex Zavala Licona, en el 2009, durante la protesta frente al aeropuerto Toncontín.

En una semana, la Fiscalía hizo la recalificación de homicidio a asesinato en su grado de ejecución de tentativa y lesiones graves, en la audiencia que se inició desde el viernes y se prolongó hasta la mañana de este domingo, en una jornada extenuante para todas las partes procesales y los imputados.

Durante este tiempo, la Fiscalía presentó 14 medios de prueba documental, pruebas biológicas, dictámenes balísticos, autopsias, cinco testigos e igual número de pericias, mientras que la defensa hizo lo suyo. Sin embargo, la causal se mantiene por el delito que originalmente fueron encausados, el homicidio.

El juez considerando la gravedad de los delitos y el análisis del contexto sobre los hechos, resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de arresto domiciliario, cuidado y vigilancia por parte de sus abogados y la prohibición de salir del país a los generales en condición de retiro.

Cabe mencionar, que el hecho de que los imputados vayan a arresto domiciliario no interrumpe la continuidad del proceso penal en su contra por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Zavala.

El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que se aplicó la medida de auto formal procesamiento para estos tres ciudadanos, resaltó que se dieron los argumentos suficientes para establecer las medidas que se dictaron.

“En relación a este auto de formal procesamiento, y les han explicado los razonamientos de forma muy amplia, pudiendo haber tomado primero una decisión, inicialmente el juez en base a todo este contexto y todo este empañamiento”, manifestó.

“El juez ha otorgado medidas sustitutivas a la prisión, se han señalado las establecidas en el artículo 173, como ser: el arresto domiciliario, igualmente que quedan al cuidado de sus apoderados legales, y la prohibición de salir del país”, detalló Duarte.

Al tiempo que enfatizó, que se ha dejado establecido que la alerta migratorio correspondiente por cualquier situación o circunstancia que pueda presentarse en el proceso.

Asimismo, el juez que conoce la causa ha explicado su posición y lo que se espera de las partes procesales para actuar con transparencia en relación con la medida que se está otorgando, “esto a fin de que puedan demostrar o seguir presentando sus argumentos suficientes en las siguientes etapas del juicio, en relación a la audiencia preliminar aún no ha sido señalada la fecha”, explicó.

La resolución se dictó luego de más de 24 horas de la audiencia inicial, que comenzó el viernes a las 9:00 de la mañana y concluyó este domingo con la etapa de conclusiones, a las 9:45 de la mañana. Después de escuchar la decisión judicial, los tres exjerarcas militares fueron enviados nuevamente al Centro Penitenciario de Támara, donde el Instituto Nacional Penitenciario (INP), que es el encargado de vigilar que los ciudadanos cumplan con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Después de evacuados los medios de prueba, el juez de la causa consideró acreditados los indicios racionales mínimos de responsabilidad de los hechos por los que los imputados deberán continuar el proceso, cumpliendo las medidas de arresto domiciliario, mantenerse al cuidado y vigilancia de sus apoderados legales, respectivos, y la prohibición de salir del país con las alertas migratorias correspondientes.

Finalmente, el togado dejó pendiente la fecha en que será la audiencia preliminar que será notificada a las partes posteriormente en los siguientes días para retomar la causa contra los exjefes militares, que en el 2009 tuvieron una participación activa en la crisis que desembocó en la salida del poder del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2010) y su expulsión a Costa Rica.