El Índice Global de la Tortura 2025 advierte que Honduras figura entre los países con alto riesgo de prácticas de tortura y malos tratos, según lo informaron este jueves las organizaciones Cáritas de Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Este primer informe, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura y centrado en 26 países, deja al descubierto una realidad preocupante para Honduras, donde los siete indicadores analizados reflejan niveles críticos de impunidad, condiciones de detención degradantes y brutalidad policial, entre otros factores alarmantes. Como parte de sus conclusiones, el Estado hondureño recibió 74 recomendaciones internacionales para mejorar su respuesta frente a esta crisis.

Entre 2017 y 2024, el gobierno reportó el inicio de 529 investigaciones por denuncias de tortura, pero solo 75 llegaron a judicializarse. De estos casos, 32 fueron catalogados como tortura y 43 como tratos crueles o inhumanos. Hasta ahora, solo 10 han recibido sentencia, sin que se hayan detallado los fallos emitidos, lo que evidencia una fuerte debilidad institucional frente a este tipo de crímenes.

Las organizaciones advierten que la impunidad sigue siendo la regla, alimentada por la lentitud de los procesos judiciales y por la falta de voluntad para aplicar el tipo penal de tortura, recurriendo en su lugar a figuras legales de menor gravedad. Esta omisión priva a las víctimas de verdad, justicia y reparación.

Aunque Honduras ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo (OPCAT), los datos muestran que los compromisos internacionales aún no se traducen en una mejora sustancial en la protección de los derechos humanos.

El informe concluye que en Honduras el nivel de riesgo en cuanto a brutalidad policial y garantías individuales es alto, mientras que las condiciones carcelarias, la impunidad y la falta de protección a las víctimas alcanzan un nivel de muy alto riesgo.

Entre las recomendaciones más urgentes figuran:

• Revocar el estado de excepción vigente y reemplazarlo por una estrategia enfocada en la paz y los derechos humanos.
• Garantizar que la seguridad ciudadana sea ejercida exclusivamente por cuerpos policiales civiles, limitando la intervención militar a casos excepcionales y bajo estricta regulación.
• Fortalecer el Instituto Nacional Penitenciario como ente civil autónomo, promoviendo políticas de reinserción social para las personas privadas de libertad.
• Incrementar los fondos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y asegurar la participación efectiva de la sociedad civil.
• Implementar medidas para reducir el hacinamiento carcelario, incluyendo penas alternativas y revisiones oportunas a la prisión preventiva.
• Reformar el marco legal para tipificar correctamente el delito de tortura, con penas proporcionales y agravantes para víctimas en situación de vulnerabilidad, como personas LGBTIQ+, pueblos indígenas y otras minorías.

El informe hace un llamado urgente al Estado hondureño a romper con la inercia de la impunidad, proteger la dignidad humana y construir un sistema de justicia que garantice que ninguna persona vuelva a sufrir tortura sin que haya consecuencias.