El diputado Jari Dixon, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra los funcionarios que aprobaron las ZEDEs, solicitando que sean juzgados por traición a la patria, lo que podría conllevar penas de 15 a 20 años de prisión y 40 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según el Código Penal.

Dixon, pidió una copia certificada de la sesión donde se aprobó la ley para asegurar que los investigados son quienes votaron a favor.

Sin embargo, analistas señalan que los diputados no pueden ser juzgados por este delito, ya que todas las leyes declaradas inconstitucionales tendrían que ser incluidas en la sanción.