Nueve especialistas en derechos humanos vinculados al sistema de Naciones Unidas advirtieron que la información contenida en los expedientes divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describe abusos de extrema gravedad cometidos contra mujeres y niñas, con características sistemáticas y proyección internacional, lo que permitiría encuadrarlos dentro de las categorías más graves del derecho penal internacional.
En un pronunciamiento conjunto, los expertos señalaron que la documentación difundida el pasado 30 de enero apunta a la posible existencia de una red delictiva de alcance global, así como a un preocupante escenario de impunidad prolongada frente a hechos de enorme gravedad. Entre los delitos mencionados se incluyen presuntas prácticas de explotación sexual, violencia contra la integridad reproductiva, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles y degradantes, además de asesinatos de mujeres por razones de género.
Los firmantes sostuvieron que estos hechos se habrían producido en un entorno marcado por ideologías discriminatorias, racismo, corrupción, misoginia extrema y la cosificación de mujeres y niñas provenientes de distintos países. En ese sentido, instaron a que se impulsen procesos judiciales ante las instancias nacionales e internacionales competentes para que los responsables rindan cuentas.
Asimismo, reclamaron la conformación de una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer cómo fue posible que estos hechos se mantuvieran durante un periodo tan prolongado sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Subrayaron que los Estados tienen la obligación de actuar con firmeza para garantizar justicia, recalcando que la posición económica o el poder no pueden ser un escudo frente a la ley.
Por otra parte, expresaron preocupación por deficiencias graves en la forma en que se hicieron públicos los documentos, ya que, según advirtieron, se expuso información sensible de personas afectadas. Esta situación, alertaron, podría derivar en riesgos de represalias, estigmatización, revictimización o nuevas formas de manipulación.
Entre las personas firmantes del pronunciamiento figuran especialistas en áreas como la violencia contra mujeres y niñas, el derecho a la privacidad y la libertad de reunión y asociación, quienes reiteraron la necesidad de colocar la protección de las víctimas en el centro de cualquier proceso judicial o de investigación futura.
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